Las políticas y regulaciones restrictivas sobre acceso al registro civil y la nacionalidad dominicana continuaron atrayendo la atención de la comunidad internacional durante el año 2011. Durante este año, las organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como internacionales, realizaron denuncias y seguimientos a casos de personas de descendencia haitiana nacidas en el país y afectadas por la Circular 017 y la Resolución No. 12 emitidas por la Junta Central Electoral (JCE). (ver recuadro 3 y 4). Aunque los esfuerzos en este sentido habían sido iniciados años atrás,1 el 2011 se destacó por las diversas manifestaciones y movilizaciones de personas afectadas que se realizaron en el país en contra de la suspensión de actas de nacimiento para personas dominicanas de ascendencia haitiana; entre septiembre y noviembre 2011 se realizaron un total de siete manifestaciones frente a la JCE y en diciembre hubo una congregación masiva contra la desnacionalización frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Las organizaciones que acompañan a los afectados han venido señalando que la suspensión de actas de nacimiento por parte de la JCE genera un impacto desproporcionado sobre una población con un perfil muy específico, y que, debido a ello, es discriminatoria. Durante una audiencia ante la CIDH solicitada por el Estado dominicano para explicar los avances en la modernización del registro civil dominicano, la cual se realizó el 28 de marzo de 2011, el Presidente de la JCE negó que existieran prácticas discriminatorias en el registro civil.2
Una investigación de campo realizada por el SJRM en cuatro zonas del país, durante el primer semestre del 2011, encontró 1.584 casos de personas que habían sido anteriormente declaradas y reconocidas como dominicanas por las autoridades a quienes luego les fueron negadas copias de actas de nacimiento o cédulas. La negación de los documentos les impide el acceso a otros derechos como educación, empleo, contraer matrimonio, adquirir propiedad, declarar a sus hijos, seguridad social, entre otros, incrementando los niveles de pobreza y exclusión social de esta población. La falta de documentación también los hace más vulnerables a repatriaciones por parte de autoridades migratorias.
Según los reportes de las personas entrevistadas en la investigación del SJRM, algunos oficiales negaron los documentos basándose en criterios discriminatorios como el apellido y el perfil racial de los solicitantes; sin embargo, es difícil presentar pruebas ya que éstos no recibieron una explicación razonada y por escrito que comprueben la negación de documentos y los motivos.3
Otro aspecto que destacan las organizaciones que acompañan a los afectados por la suspensión de actas es que gran parte de los afectados son hijos de inmigrantes que fueron admitidos legalmente al país como jornaleros temporales para trabajar en los bateyes en las plantaciones de azúcar. Estos jornaleros recibieron un carnet de permiso de permanencia temporal (ficha) que los diferenciaba de los extranjeros en la categoría de tránsito. Muchos de ellos declararon a sus hijos con estos carnets los cuales eran válidos para realizar actos civiles.4
En agosto, organizaciones locales, apoyadas por organizaciones no gubernamentales internacionales, solicitaron una segunda audiencia ante la CIDH para discutir la respuesta judicial en casos de desnacionalización. La audiencia se realizó el 24 de octubre de 2011. Los peticionarios hicieron referencia a cuatro casos sobre denegación de actas en los que los tribunales dominicanos fallaron a favor de los afectados, pero la JCE no acató la sentencia; en otros dos casos la SCJ había ordenado la ejecución de la sentencia de los tribunales de primera estancia y las actas de nacimiento sí fueron entregadas. El Estado destacó que seis empleados de la JCE habían sido suspendidos por estar involucrados en irregularidades y que de 120 casos que recibieron por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, 80 habían sido resueltos.5
Es importante notar que la solicitud de audiencia por parte de los peticionarios creó tensiones entre algunos sectores del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. En un comunicado de prensa posterior a la audiencia, la CIDH se mostró preocupada por las acciones de descrédito por parte del Estado dominicano en contra de una de las organizaciones solicitantes de la audiencia.183 Una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales también denunciaron una campaña de desinformación y ataques por parte de la prensa en contra de la activista Sonia Pierre, entonces Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), y una de las principales figuras del movimiento por el reconocimiento de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana en el país.6
Durante una visita al país a inicios de octubre, la Secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió también a dos temas importantes: la necesidad de que la República Dominicana respete los derechos de los migrantes y la urgencia de que el país encuentre una solución justa sobre el problema de nacionalidad que afecta a personas de ascendencia haitiana nacidas en el territorio dominicano. Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo por parte de algunos sectores y autoridades dominicanas.7
Asimismo, entre el 25 y 28 de octubre de 2011 se realizó la Semana de Incidencia en la ciudad de Washington, durante la cual organizaciones de la sociedad civil dominicana tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes del gobierno y el congreso estadounidense y con miembros de la CIDH, para exponer sus inquietudes sobre la situación de los domínico-haitianos afectados por la suspensión de actas civiles. Como parte de la agenda, se realizó la Conferencia sobre la Apatridia y el Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana en la que participaron como exponentes delegados de organizaciones civiles locales e internacionales y organismos internacionales. La presencia del Embajador de la República Dominicana ante los Estados Unidos en la conferencia refleja la importancia que tienen las discusiones sobre nacionalidad tanto para la sociedad civil como para el gobierno.
El 19 de octubre de 2011 la Dirección Nacional de registro del Estado Civil emitió la circular No. 32/2011, a través de la cual se dispuso la entrega de actas de nacimiento de extranjeros hasta que el Pleno de la JCE determine su validez.8 La circular se considera como un paso importante porque refleja un reconocimiento por parte de la JCE de que muchas personas estaban siendo afectadas por la suspensión de las actas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por la referencia del texto a “actas de extranjeros,” lo que para ellos sugiere que la nacionalidad de los afectados sigue siendo cuestionada. También indicaron que, a pesar de esta nueva disposición, su aplicación no era sistemática en todo el territorio nacional y se habían seguido recibiendo denuncias de casos en que algunos funcionarios continuaban negándose a entregar las actas de nacimiento a muchas personas.9
Por otro lado, el 2 de noviembre de 2011 la SCJ rechazó el recurso de casación que había sido interpuesto en el caso de Emildo Bueno.10 La SCJ determinó que la circular 17-07 no violaba disposiciones legales y constitucionales y reiteró, tal como lo había dispuesto en la sentencia del 16 de diciembre de 2005, que los hijos de extranjeros declarados por padres en situación irregular están excluidos de la nacionalidad dominicana. Organizaciones locales rechazaron esta decisión de la SCJ, convocando a una manifestación contra la desnacionalización de dominicanos(as) que se realizó el 8 de diciembre de 2011 frente a la SCJ, la cual se destacó por el alto número de personas que se sumaron a la protesta. Es importante notar que, a pesar de la Decisión del 2 de noviembre por parte de la SCJ, este caso ha sido presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y, además, existen otros casos por resolverse ante los tribunales nacionales.
La recapitulación de las discusiones que se llevaron a cabo durante el año refleja que, si bien se ha logrado dar mayor visibilidad al tema de la depuración del registro civil y nacionalidad a nivel internacional, mientras no se resuelvan las cuestiones de Estado de Derecho e imperio de la ley que están juego muchas personas seguirán en un limbo jurídico que no sólo afecta el acceso a otros derechos, sino que genera problemas de apatridia. En efecto, en el tanto estas personas habían adquirido la nacionalidad dominicana, dejaron de ser considera- das como haitianas, por aplicación del artículo 15 de la Constitución haitiana que prohíbe la doble nacionalidad.11 En consecuencia, las personas afectadas por la Circular 017 y la Resolución No. 12 de la Junta Central Electoral son puestas en una situación en la cual no son consideradas como nacionales por ningún país y, por ende, son apátridas.
Fallece Sonia Pierre
El 4 de diciembre de 2011 falleció Sonia Pierre, quién se destacó por su lucha por la defensa de los derechos de dominicanos/as de ascendencia haitiana y los derechos de los migrantes haitianos/as en la República Dominicana. La comunidad internacional elogió su trabajo a través de varios reconocimientos. En el 2006 recibió el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos. En el 2010 recibió el Premio Internacional al Coraje de la Mujer del Departamento de Estado de los Estados Unidos; ese mismo año el gobierno de Haití la condecoró con la orden “Honor y Mérito.” Debido a su protagonismo a nivel internacional y a que la organización que ella dirigía, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), fue clave en las denuncias sobre negación de registro de nacimiento y deportaciones masivas de haitianos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la señora Pierre fue acusada en muchas ocasiones por dañar la imagen y reputación del país a nivel internacional.12 Esto conllevó incluso a amenazas y actos de intimidación en su contra que llevaron a la Corte Interamericana a emitir medidas provisionales en su favor, las cuales habían sido ratificadas y mantenidas por el Tribunal hasta pocos días antes de su fallecimiento.13
Referencias:
1 Como ejemplo tenemos la audiencia regional sobre nacionalidad y nueva constitución que se realizó ante la CIDH en octubre de 2010.
2 “Corte valora avances de RD en su registro civil.” Listín Diario, 29 marzo 2011,
3 SJRM-Centro Bonó. 2011. Derechos Vulnerados 2011. Dominicanos/as afectados por las disposiciones de la JCE. Santo Domingo, República Dominicana.
4 Observatorio de Derechos Humanos-SJRM. 2011. “Discriminación institucionalizada: cómo afecta a dominicanos/as de ascendencia haitiana.” Boletín 9, Abril-Julio 2011, Santo Do- mingo, República Dominicana; ver también Centro Cultural Domínico-Haitiano (CCDH), 2011. Nacionalidad dominicana y los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Entre normas jurídicas y realidades. Santo Domingo, República Dominicana.
5 El contenido de la audiencia está disponible en http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=123&page=1
6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2011. “CIDH deplora represalias contra personas que acuden a la Comisión.” Comunicado de Prensa No. 116/11, 4 de noviembre, disponible en
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/116.asp
7 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 2011. “Coalición de organizacio- nes solicita audiencia a la comisión interamericana y exige que se detenga la campaña de amenazas en contra de la activista Sonia Pierre en República Dominicana.” 7 de octubre, disponible en http://cejil.org/categoria/estrategias/fortalecimiento-de-defensores/-de-derechoshumanos?page=3; ver también Pierre, Sonia. 2011. “No hay traición en esto.” Listín Diario, 17 de octubre.
8 Rechazaron que en el país se den violaciones a los derechos humanos de los migrantes y algunos negaron que hubiera un problema de nacionalidad argumentando que se trata exclusivamente de un asunto de “migración irregular” ver “Sectores refutan a Hillary Clinton sobre el trato a los haitianos. Listín Diario, 7 octubre 2011, versión digital
9 Aunque la circular tiene fecha de 19 de octubre, el Estado no hizo referencia a ella durante la audiencia ante la CIDH; aparentemente fue hecha pública a fines de octubre. Ver “JCE suspende su genocidio civil.” Hoy, 30 octubre 2011
10 Centro Bonó 2011
11 El recurso de casación se inició en contra del fallo del tribunal que había evaluado su recurso de amparo contra la JCE, el que concluía que la circular 17-07 emitida por la JCE no violaba sus derechos fundamentales.
12 Aunque la Constitución Haitiana establece jus sanguinis otorgando nacionalidad por línea de sangre a los hijos de la madre o padre haitiano que no hayan renunciado su nacionalidad, algunos expertos opinan que es cuestionable que los descendientes de nacionales haitianos nacidos en República Dominicana puedan acogerse de la nacionalidad haitiana ya que la Constitución y la Ley de Nacionalidad de 1984 de Haití establecen restricciones para que ciertos grupos de origen haitiano nacidos fuera del país tengan acceso a la nacionalidad haitiana. Ver Wooding, Bridget. 2008, pp.283-4. “Como cerdos en lodo: nuevos retos de la sociedad civil frente a la discriminación y la apatridia en la República Dominicana” en Lozano, Wilfredo y Bridget Wooding. Eds. Los Retos del Desarrollo Insular. FLACSO y CIES-UNIBE. Santo Domingo, República Dominicana.
13 “Sonia Pierre, activista contra la discriminación y enemiga en su propio país.” Diario Libre, 7 diciembre 2011, http://www.diariolibre.com/noticias/2011/12/07/i316128_sonia-pierre-muerte-entierro-activista.html Algunos artículos de prensa se referían a ella como “activista haitiana” ver “Rosario dice denuncias de Sonia Pierre coinciden con época de asignación de fondos.” Listín Diario, 28 octubre 2011, http://www.listin.com.do/la-republica/2011/10/28/208965/Rosario-dice-denuncias-de-SoniaPierre-coinciden-con-epoca-de-asignacion
14 Reglamento No. 279 del 12 de mayo de 1939, sección V.
15 Los no residentes incluyen a personas en subcategorías como las siguientes: turistas, personas de negocios, tripulantes de un medio de transporte, pasajeros en tránsito, trabajadores temporeros, habitantes de zonas fronterizas y estudiantes.
16 Art. 36, párrafo I.
Citación sugerida:
Riveros, N. 2012. Informe sobre la Cuestión de la Migración Internacional en la República Dominicana para el año 2011. OBMICA. Santo Domingo: Editora Búho.