Durante el período de 18 meses en que fue ejecutado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), periodo concurrente en el tiempo con el registro de descendientes de migrantes para la Ley 169-14, el gobierno había dispuesto, mediante el Decreto 327-13, la prohibición de deportación para que migrantes en situación irregular pudieran acogerse al Plan sin temor a ser deportados. Sin embargo, no se especificaron medidas para garantizar que las personas registradas o elegibles para registrarse no fuesen deportadas. Como resultado, no se suspendieron por completo las deportaciones durante la ejecución del PNRE y el registro para la Ley 169-14.
El Centro Bonó hace un recuento de las trabas, retenciones y negativas que derivaron en la deportación, aunque temporal, de grupos de personas dominicanas de ascendencia haitiana mientras intentaban abocarse al procedimiento creado por la Ley 169-14 para el Grupo B, mientras la Ley aún estaba vigente. Uno de los casos reseñados relata la experiencia de 33 niñas y niños quienes, en compañía de siete madres y dos religiosas de la congregación Hijas de Jesús, intentaron trasladarse desde el Distrito Municipal de El Llano, Elías Piña, hasta la oficina del Plan Nacional de Regularización de San Juan de la Maguana, el 27 de enero de 2015. Aunque el grupo contaba con documentación de respaldo para realizar el viaje1, agentes del G2 y militares de la 3ª Brigada del Ejército de República Dominicana (ERD) impidieron en diversos tramos que los autobuses en que viajaban pudieran llegar a su destino y obligaron a grupo a retornar a la Fortaleza del ERD en el municipio fronterizo de Comendador, “a fin de que… se les tramitara un salvoconducto y pudieran continuar su viaje a San Juan de la Maguana y registrar a los niños/as conforme a lo establecido en la ley 169-14”.2 No obstante:
... al llegar a la oficina de migración, el inspector del ERD… presentó un documento… en el que se indicaba que todas las personas… habían sido encontradas deambulando por las calles del municipio en situación migratoria irregular y por lo tanto comunicaban formalmente a la dirección local de migración la orden de deportarlos inmediatamente… que en cuestión de minutos fue ejecutada por los agentes de migración, sin realizar ningún tipo de expediente y sin tener en cuenta las garantías al debido proceso, ni la protección debida a los menores.3
Como consecuencia de la acción, los niños y niñas y sus acompañantes estuvieron deportados hacia Haití, obligados a dormir detrás de la puerta fronteriza, desde las 2 P.M. del martes 27 de enero hasta las 8.30 A.M. del miércoles 28 de enero, cuando gracias a intermediaciones de alto nivel el grupo pudo reingresar a territorio dominicano y reanudar su viaje. Aun así, los episodios de retención, revisión y acoso volvieron a ocurrir en todos los puntos de chequeo, según el informe debido a que “[e]n todo momento los militares implicados en la retención de las guaguas [autobuses] alegaban recibir órdenes de la Dirección General de Migración y del General ERD Felipe Henríquez Molina, comandante de la 3ª Brigada del ERD, al momento de ocurrir los hechos”.4 Al respecto, el recuento concluye explicando que finalmente el grupo pudo llegar al Centro de Registro para el PNRE en la Gobernación Civil de San Juan de la Maguana, a las 6.30 P.M. el miércoles 28 de enero, dos días después de haber iniciado su viaje para efectuar la solicitud de registro y residencia conforme lo indicado en la Ley 169-14. Otro caso referido por un informe de sociedad civil, Balance General de la Ley 169-14 a un año de estar en vigor5, detalla cómo el 31 de enero de 2015 un grupo de 32 niños que viajaban desde Jimaní hacia la Gobernación de Barahona para aplicar a la Naturalización fueron detenidos y llevados por agentes de Migración al destacamento de Jimaní para ser deportados a Haití; entre las personas se encontraba el Secretario General de Reconoci.do, Jairo Polo.
A medida que se acercaba la fecha de cierre del plazo de inscripción para el PNRE, el 17 de junio, iba aumentando la expectativa de que el gobierno retomara las deportaciones, tal como anuncia el artículo 4 del Decreto 327-13: “Consecuencias. El extranjero radicado irregularmente, que en el tiempo de duración previsto para este Plan no califique o no se acoja a las previsiones de regularización establecidas quedará sujeto a deportación de conformidad con la Constitución y las leyes”. Muchos actores nacionales e internacionales expresaron su desacuerdo con que se hiciera la deportación de forma masiva e insistieron en que se respetaran los derechos humanos, especialmente el de debido proceso.6 Entonces el gobierno informó que se reanudarían a mediados de agosto del 2015, después de un periodo de 45 días que permitiera al MIP producir los carnets y sticker para migrantes inscritos en el PNRE.7
Efectivamente, miles de personas migrantes no pudieron realizar sus trámites para acogerse al PNRE antes de la fecha límite, muchas de las cuales empezaron a retornar a Haití de forma “voluntaria”. Desde la perspectiva oficial, a una semana de haber cerrado el plazo del Plan de regularización, la Dirección General de Migración (DGM) registró el regreso “voluntario” a su país de 12,165 personas asistidas por un “Plan de retorno voluntario asistido para extranjeros en situación irregular” puesto en marcha por el gobierno. Según publicaciones en medios locales, la iniciativa tenía “el propósito de ayudar a quienes, tras el vencimiento del plan de regularización el pasado 17 de junio, decidan retornar voluntariamente a su país de origen”.8 Para ello la DGM proporcionaba asistencia logística, principalmente en materia de transporte que se preveía disponible hasta el 6 de julio, “exceptuando los domingos”. En las comunicaciones también se destaca que “el retorno voluntario eximir[ía] al extranjero de las sanciones legales, pudiendo el inmigrante, eventualmente, regresar al país sin más impedimentos que los impuestos por los requerimientos de visado.” Una nota de prensa de la Presidencia de la República9 informó que, para el 29 de junio, 25,517 personas habían regresado de manera voluntaria a sus países de origen, en base a datos de la DGM. De estas personas, mil 100 habían aprovechado las facilidades que ofrecía el gobierno a través de este organismo. También se precisaba que además de los autobuses para transporte de personas, el Programa de Regreso Voluntario de la DGM ofrecía camiones de carga para el traslado de las mudanzas y ajuares de quienes deciden regresar a su patria de manera voluntaria.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo su propio monitoreo de los retornos de diferente índole que se produjeron tras la conclusión del PNRE. Recopiló informaciones levantadas por sus equipos de vigilancia en nueve puntos de cruce fronterizo entre Haití y la República Dominicana, desde el 16 de junio de hasta el 3 de julio de 2015.10 Aunque no son datos oficiales o absolutos sobre el número de personas retornadas a Haití, los equipos de campo de la OIM lograron entrevistar a 1,133 personas que habían cruzado la frontera en condiciones variables. La mayoría (665 personas, correspondiente a un 58.7%) dijo haber regresado espontáneamente a Haití, mientras que 408 personas (correspondiente al 36%) informaron que habían sido repatriadas por distintas entidades, incluyendo a militares, policía, funcionarios de inmigración y civiles. Este grupo mixto también incluyó a trabajadores agrícolas que habían sido despedidos por sus empleadores. Aproximadamente la mitad de las personas consultadas (579 personas, correspondientes a 51.1%) dijo haber nacido en Haití, mientras que 380 personas (33.9%) dijeron que habían nacido en la República Dominicana. Solo 93 individuos (o 8.2%) afirmaron haberse registrado al PNRE. Casi el 75% de las personas entrevistadas (847 individuos) tenían menos de 30 años. De éstos, el 20.7% (234 individuos) eran niños menores de cinco. Se encontraron seis casos de menores no acompañados y éstos fueron referidos a las autoridades haitianas pertinentes para el seguimiento.
“Se observaron diferentes dinámicas y tendencias del movimiento en cada punto de entrada”, dijo Emmanuelle Deryce, un analista de datos de la OIM en Haití. “En Malpasse, hemos observado sobre todo los retornos voluntarios, mientras que en los retornos por Belladère fueron principalmente involuntarios. En Anse-à-Pitre, en la comunidad de Tête à l’Eau, la mayoría de los inmigrantes [retornados] eran originarios de esta zona y viven en asentamientos informales con sus familias. Muchos hombres todavía cruzan la frontera todos los días para ir a trabajar”.11
El gobierno de Haití solicitó apoyo a la OIM y a la comunidad internacional para ser asistidos en sus esfuerzos de identificación, registro y asistencia a las personas repatriadas, que podrían incluir personas en riesgo de apatridia. “El desafío más urgente es establecer un sistema eficiente a lo largo de toda la frontera que permita monitorear, elaborar perfiles y referir casos. Resulta esencial apoyar al gobierno de Haití en el establecimiento de un sistema de control adecuado para superar la actual incertidumbre sobre los retornos”, expresó en el marco de ese balance Gregoire Goodstein, Jefe de Misión de OIM en Haití.
Dos casos reseñados por OIM
La sociedad civil también hizo reclamos por el trato hacia personas detenidas y/o deportadas hacia Haití. Si bien el informe del Centro Bonó reconoce que el Estado preparó y acondicionó los centros de acogida o retención que se usarían para la detención preventiva de los migrantes irregulares que no se acogieran al Plan, a la vez señala que: “hay que observar que el derecho al tratamiento humano durante la detención no se puede circunscribir al espacio físico donde se recluirá al migrante detenido, pues la detención inicia en los lugares donde son apresados”.12 Asimismo, destaca que:
sus organizaciones [a]sentadas en las regiones fronterizas, así como el Movimiento Reconocido han venido denunciando malos tratos por parte de los agentes de migración a la hora de realizar la detención, para quienes el criterio de la negritud parece ser el fundament[al]o único para la detención.13
Casos de detenciones de personas dominicanas…
Este informe precisa que tampoco se ha cumplido con el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, resultando según su interpretación que:
el modo de operar de los funcionarios y agentes que ejecutan en la actualidad los procesos de deportación vulneran el debido proceso, ya que el tiempo transcurrido entre la detención y la deportación suele ser no mayor a las 48 horas, lo que impide en ocasiones que el detenido pueda entrar en contacto con las autoridades consular[es] de su país, con algún abogado que le pueda asistir, y esto a su vez impide el ser oído por el juez natural, es decir impide el acceso a la justicia. No se conoce un solo caso, entre los miles de deportados en ocasión del Plan Nacional de Regulación, que haya hecho uso del derecho a ser oído por un juez para la valoración de su caso. En el proceso de retención y deportación a migrantes haitianos/as hemos observado que no existe la más mínima igualdad ante las leyes, ya que existen diferentes principios que se vulneran: el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita, el derecho a recurrir ante una tutela judicial efectiva, además de no existir un órgano judicial que pueda revisar y emitir un veredicto ante las detenciones y deportaciones de migrantes. Los detenidos en procesos de deportación tampoco tienen la posibilidad de la asistencia de un abogado, ni pueden solicitar otra medida aleatoria a la retención o deportación.14
Basándose en sus robustas operaciones de monitoreo en los cuatro puntos de cruce fronterizo oficiales, el informe del Centro Bonó señala que muchas detenciones y deportaciones se llevaban a cabo al margen de la situación familiar, sin indagar si la persona estaba en unión libre o casados, si tenía hijos o hijas en el país. De tal forma el informe precisa que:
se pudo observar en el monitoreo, madres que eran ingresadas al Centro de Retención con sus hijos/as lactantes. Muchas de ellas son deportadas con sus niños/as, y en otros casos tienen que dejar a sus hijos en República Dominicana al amparo de la buena voluntad de vecinos y allegados… a pesar que el reglamento de la ley de Migración (631-11) establezca que ‘la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes’.15
El informe además sistematiza algunos casos de detenciones realizadas en el marco de redadas ejecutadas por autoridades de la DGM donde dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana fueron retenidos y en algunos casos trasladados a centros de acogida previo a su deportación en base a cuestionamientos sobre la veracidad de sus documentos de identidad y su residencia.
Tabla 5.1
Por otro lado, a finales de 2015 un artículo de Colette Lespinasse en el boletín de OBMICA da cuenta de la realidad que vivían miles de personas que se asentaron en campamentos improvisados en Anse-à-Pitres, “la comunidad haitiana más pobre de los llamados binomios que hacen frontera con República Dominicana”.16 En ellos se retratan los niveles de incertidumbre en que vivían alrededor de 2,500 personas que salieron de República Dominicana, agrupadas en 550 familias que convivían en “terrenos baldíos repletos de cactus y espinas, [a]l borde de una carretera polvorienta,” en condiciones de inseguridad sanitaria y alimentaria.
Lespinasse, en base a informaciones compiladas por la OIM conjuntamente a organizaciones haitianas17, informa que desde el 17 de junio hasta el 31 de diciembre de 2015 al menos 55,551 personas habrían cruzado la frontera, en su mayoría hombres (65%). De este total, 32,952 personas afirmaron haber regresado espontáneamente, aunque presionadas por amenazas, mientras que alrededor de 23,000 personas fueron deportadas oficialmente sea por las autoridades de migración o por los militares; 7.3% de las 30,644 familias deportadas se había registrado en el PNRE.18 Lespinasse relata cómo en la medida en que se acercaba a esta fecha del cierre del Plan de Regularización:
... las amenazas contra los inmigrantes se intensificaron, sea de parte de personas mal intencionadas de la vecindad, sea por los medios de comunicación, por las autoridades, o grupos de la sociedad civil, de manera que numerosos inmigrantes haitianos tuvieron que huir por la frontera. A mediados de agosto, las expulsiones efectuadas directamente por las autoridades ha[bía]n comenzado mientras que ha[bía]n seguido los llamados retornos “voluntarios”, al decir de las autoridades dominicanas.19
Lespinasse explica que pocas personas tuvieron el tiempo de llevar consigo sus bienes, o cosechar sus conucos, o cobrar sus sueldos, y da cuenta que para enero de 2016 ya se contaba con cuatro campamentos establecidos en Anse-à-Pitres: Pak Kado I, Pak Kado II, Tete à l’eau y Fonds Jeanette.
Entre los problemas más acuciantes citados por los boletines20 están la precariedad en materia de agua y saneamiento básico que junto a la falta de acceso a asistencia médica ya ha provocado la muerte de varias personas, incluyendo menores de edad; la escasez de alimentos y medios de vida para procurárselos; falta de acceso a educación formal y limitadas actividades formativas y recreativas para niñas, niños y jóvenes; alta vulnerabilidad al abuso sexual y alta incidencia de embarazo adolescente vinculado a los niveles de hacinamiento; la falta de documentación y la falta de articulación y recursos desde el gobierno central haitiano.
Lespinasse detalla que las autoridades locales de Anse-à-Pitres han permitido la instalación de los cuatro campamentos en respuesta al entonces Primer Ministro Evans Paul, quien les habría instruido ofrecer una calurosa acogida a las personas deportadas y se ha permitido que se establezcan en los terrenos del Estado cerca de la frontera o en parcelas privadas con el consentimiento de sus propietarios. Sin embargo, señala que “Haití tiene que ocuparse de esta asignatura pendiente al diseñar las estrategias para movilizar las energías de todos sus hijas e hijos que han emigrado al extranjero o que han regresado”.21
Por otro lado, un testimonio recogido por Lespinasse por parte de Joanes, agente del municipio de Anse-à-Pitres quien ha acompañado a los repatriados del campamento Fonds Jeannette desde que comenzaron a llegar, ilustra esta incierta indefensión:
Los comunitarios les han ayudado [brindando materiales para] fabricar carpas (paja, cartones, zinc, tela vieja). Nos hemos endeudado para proveerles de alimentos y para asistir con [el funeral] de una mujer que murió en el campamento. Y desde entonces [más de ocho meses atrás] están aquí y no sabemos cuándo [se van a ir]…22
Agrega que:
Los dirigentes deben de asumir que Haití es una tierra de emigración y que políticas de protección y de reinserción de sus migrantes son indispensables. La existencia de esta política puede ayudar al Estado haitiano a dialogar en mejores condiciones con los países de destino, y formar de mejor manera a quienes regresan al país. En 2015, se han dado conversaciones en el seno del gobierno para elaborar una política de migración. Pero esta iniciativa se encuentra en un punto muerto, en virtud de la inestabilidad política.23
Por último, es importante señalar que las denuncias sobre la falta de respeto por los derechos humanos en el proceso de deportación han sido motivo de preocupación por parte de los diferentes mecanismos que monitorean el cumplimiento de la RD de sus obligaciones en esta materia. Desde el 2012 el Comité de Derechos Humanos ha externado su preocupación por “la práctica de deportaciones de extranjeros en condiciones incompatibles con las disposiciones del Pacto [de Derechos Civiles y Políticos]” al igual que “la detención por plazos indeterminados” de las personas en riesgo de deportación, recomendando al Estado a respetar las garantías establecidas en el pacto.24 En su respuesta de agosto del 2015, República Dominicana no proporciona ningún detalle al respecto.
Por su parte el Comité de Derechos del Niño ya en 2015, vuelve a destacar su preocupación por la situación que vive la niñez afectada por la migración, expresando que le inquieta que:
... el grueso de estos niños y niñas, mayormente procedentes de Haití, no tengan permiso de residencia ni un acceso suficiente a los servicios y con frecuencia sean víctimas de la explotación, la discriminación y la violencia. También le preocupa que en 2013 se expulsara a 881 niños a Haití y no se disponga de información sobre las condiciones y las consecuencias de esas expulsiones”.25
Consecuentemente el Comité recomienda al Estado parte que:
... intensifique la labor encaminada a proporcionar a los niños migrantes no acompañados alojamiento, atención y protección; a la vez prosiga la labor de aprobación de protocolos de coordinación entre las autoridades responsables de la protección de los niños en la frontera entre la República Dominicana y Haití, así como de protocolos para el retorno voluntario de los niños migrantes, con las debidas garantías procesales.26
El Comité de Derechos del Niño también se expresó en relación al entorno familiar y modalidades alternativas de cuidado27, lamentando “las insuficientes medidas adoptadas para proteger la vida familiar de los niños en el contexto de la migración, como los hijos de mujeres que han emigrado a otros países por razones económicas o los niños haitianos cuyos padres han sido deportados a su país”,28 y recomienda al Estado que “[n]o deporte a los niños que están al cuidado de sus familias en el Estado parte y se asegure de que esos niños no sean expulsados a un país donde su protección no esté garantizada”.29
Referencias:
1 El Informe detalla que el grupo contaba con Actos de Notoriedad que certificaban que las y los niños habían nacido en República Dominicana y que el viaje había sido organizado con el respaldo del Obispado de San Juan de la Maguana tras asesorarse con personal del PNRE en esa localidad.
2 Centro Bonó (2015a). La situación de los derechos humanos y el desafío de protegerlos para todos y todas. República Dominicana. Diciembre 2015.
3 Ibíd
4 Ibíd
5 Ibíd
6 Listín Diario (2015b). “EEUU pide a República Dominicana evitar deportaciones “masivas” de inmigrantes”. 15 de agosto. http://www.listindiario.com/la-republica/2015/08/15/384346/eeuu-pide-arepublica-dominicana-evitar-deportaciones-masivas-de-inmigrantes
7 Almomento.net. (2015). “RD hará deportaciones desde agosto, no ahora”. 15 de junio. http://almomento.net/cancillerreitera-deportaciones-seran-a-partir-deagosto/108833
8 7dias.com.do. (2015). “Migración registra más de 12,000 retornos voluntarios de haitianos indocumentados”. 7 días, 20 de febrero. http://www.7dias.com.do/portada/2015/06/24/i191130_migracion-registra-mas-000-retornos-voluntarios-haitianos-indocumentados.html#.V5-Itbh97IU
9 Presidencia de la República (2015c). “Más de 25 mil extranjeros aprovechan plan de retorno voluntario”. 29 de junio. https://presidencia.gob.do/noticias/mas-de-25-mil-extranjerosaprovechan-plan-de-retorno-voluntario
10 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2015). Défis, enjeux et politiques: Migrations, environnement et changements climatiques en Haïti. Hancy Pierre. https://publications.iom.int/system/files/assessing_ the_evidence_haiti.pdf
11 OIM (2015)
12 Centro Bonó (2015a)
13 Ibíd
14 Ibíd
15 Ibíd
16 OBMICA (2015b). Boletín Informativo OBMICA. Año 5, No.4, diciembre. Disponible en: http://obmica.org/index.php/publicaciones/boletines/131-boletin-diciembre-2015
17 Ibíd
18 Ibíd
20 Ibíd / OBMICA (2016). Boletín Informativo OBMICA. Año 6, No.1, marzo. Disponible en: http://obmica.org/index.php/publicaciones/boletines/140-boletin-marzo-2016
21 OBMICA (2015b)
22 Ibíd
23 Ibíd
24 Comité de Derechos Humanos. (2012:párr.20). Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a República Dominicana. Doc. No. CCPR/C/ DOM/CO/5, 19 de abril de 2012. Ver Arts. 9 y 10 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
25 Comité de los Derechos del Niño. (2015:párr.63). Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero a quinto combinados de la República Dominicana. Doc. No. CRC/C/DOM/CO/3-5, 6 de marzo de 2015.
26 Comité de los Derechos del Niño. (2015:párr.64).
27 Comité de Derechos Humanos. (2015). Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la República Dominicana. Adición. Información recibida de la República Dominicana sobre el seguimiento de las observaciones finales [Fecha de recepción: 24 de agosto de 2015]. Doc. No. CCPR/C/ DOM/CO/5/Add.1, 15 de septiembre de 2015. Arts. 5, 9 a 11, 18 (párrs. 1 y 2), 20, 21, 25 y 27 (párr. 4).
28 Comité de Derechos de la Niñez 2015:párr. 39)
29 Ibíd (2015:párr. 40)
Citación sugerida:
OBMICA. 2016. Estado de las migraciones que atañen a la República Dominicana 2015. Santo Domingo: Editora Búho.