La República Dominicana sigue siendo un país de origen, tránsito y destino para el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas para fines de explotación sexual y trabajo forzoso, tal como se ha visto en los capítulos sobre emigración e inmigración de este anuario. Durante el año 2016 se registraron casos de mujeres dominicanas víctimas de trata en Ecuador, Costa Rica y Haití, sumándose dos nuevos destinos en Guinea Ecuatorial y Liberia, y un posible destino no confirmado en el Reino de Bahréin.1 Se mantuvo el fenómeno de trata de mujeres venezolanas y colombianas hacia RD con fines de explotación sexual. Asimismo, la explotación sexual comercial (ESC) de niñas y adolescentes, especialmente en zonas turísticas, sigue retando a las instituciones que velan por la seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes (NNA).
El tráfico ilícito de migrantes incluye el de nacionales haitianos hacia el país y el de dominicanos, cubanos y haitianos que salen rumbo a Puerto Rico. Asimismo, persiste un grupo de redes que trae personas desde la India, quienes transitan por la RD con el objetivo de que ingresen a EE. UU., bien sea a través de Puerto Rico o vía veleros desde Puerto Plata hacia las Bahamas o la Florida.2
En cuanto a la respuesta institucional al tráfico y trata, la República Dominicana se ha mantenido en el nivel 2 del sistema de clasificación del Departamento de Estado de EE. UU. en su informe anual sobre Trata de Personas. Esta clasificación señala que el país aún no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, a la vez que reconoce los esfuerzos emprendidos.
El gobierno demostró haber incrementado los esfuerzos mediante la persecución de tratantes, incluyendo la de un funcionario supuestamente cómplice, mediante condena de tratantes, identificación de víctimas y el lanzamiento de una campaña nacional de sensibilización contra la trata, que aumentó las llamadas a la línea de recepción de denuncias.3 Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varios aspectos clave. El gobierno no reportó ningún caso o condena por trabajo forzoso. No asignó fondos suficientes, capacitación o equipos para la persecución ni tampoco brindó protección adecuada o servicios especializados para las víctimas. Tampoco tomó acciones para cerrar las brechas en la investigación policial identificadas en la revisión de casos de trata entre 2010 y 2014 que fue realizada por el despacho del Procurador” (traducción nuestra del inglés).4
Persecución
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), dependencia del Ministerio Público, sigue liderando la investigación y persecución de casos de tráfico y trata. En 2016, implementaron varios cambios en la forma de investigar, los cuales fueron plasmados en el documento interno “Políticas para la Persecución Penal de los Fenómenos Criminales: Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”. Además de investigar la explotación en sí, buscan desarticular la red mediante el decomiso de bienes, como se puede observar en el caso emblemático de Casa Blanca (ver cuadro de texto). Otro aspecto importante es la creación de la Unidad de Investigación Criminal como dependencia del Ministerio Público, compuesta por 41 agentes entrenados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), que viene a fortalecer las investigaciones en los casos de trata de personas en el país.5
Durante el año 2016 el gobierno incorporó otros centros de circuito cerrado de televisión adicional a los ya existentes, en los cuales las víctimas ofrecen sus testimonios una única vez, para evitar ser revictimizadas o traumatizadas durante el proceso judicial.6 La aplicación de esta modalidad ha permitido al Estado reforzar las investigaciones y obtener castigo en contra de los tratantes7, ya que el caso no depende de la continuada participación de la víctima en los procedimientos judiciales.
Así, la PETT pudo llevar a cabo veintisiete (27) investigaciones de trata de personas a lo largo del año 2016, entre las cuales veinte (20) casos fueron judicializados, llevando a la imputación contra cuarenta (40) personas. De un total de 39 casos judicializados, la mayor parte fue por el delito de tráfico ilícito de migrantes (19 casos), seguido por trata de personas (11 casos), explotación sexual comercial (7 casos) y proxenetismo (2 casos), como puede observarse en la Tabla 4.3. En los casos de trata fueron imputadas unas 40 personas (29 hombres y 11 mujeres), mientras que 13 resultaron condenadas (6 hombres y 7 mujeres) mediante las ocho sentencias emitidas (5 en casos de trata de personas y 3 de explotación sexual comercial).8 Los casos fueron esparcidos por el territorio nacional en lugares tales como el Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, La Romana, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, La Altagracia, Barahona, Montecristi y Monseñor Noel (ibíd.). En los casos de tráfico de personas, otras 59 personas fueron imputadas (58 hombres y una mujer), resultando en siete sentencias y diez personas condenadas (9 hombres y una mujer).9
En materia de investigaciones internacionales o enjuiciamientos sobre trata, durante el año 2016 el gobierno dominicano colaboró en ocho investigaciones internacionales. La Procuraduría Especializada brindó asistencia y colaboración con las autoridades de Países Bajos (comunidad de San Martín), Argentina, Suiza, El Salvador, Reino Unido (territorio británico de Montserrat), Francia y Costa Rica, quienes solicitaron cooperación a los fines de localización de víctimas y testigos, toma de testimonios, etc.10
Para el referimiento de víctimas de trata en el interior del país, el gobierno cuenta con dos protocolos publicados en el 2015, uno para adultos y otro para NNA. Ambos mecanismos operan en conjunto con otras instituciones, tales como Misión Internacional de Justicia, Organización Internacional para las Migraciones, Destiny Rescue, OUR Rescue, Congregación de Religiosas Adoratrices, entre otras, las cuales colaboran con sus instalaciones y otros recursos al momento de referirles una víctima de trata. La coordinación entre entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de la Mujer, en tanto entidad defensora de la mujer, y CONANI, entidad de protección de NNA, sigue presentando retos a la efectiva implementación de ambos protocolos.
En cuanto a las personas objeto de trata, los reportes indican que algunas menores de edad afectadas por abuso y explotación sexual comercial fueron rescatadas en operativos realizados por la Policía Nacional en Montecristi, Jimaní, Puerto Plata y San Juan de la Maguana. Igualmente, las autoridades identificaron extranjeros de nacionalidad canadiense y estadounidense que fueron detenidos por este delito y sometidos a la justicia. En la modalidad de explotación sexual, hubo varios casos de mujeres adultas nacionales y extranjeras rescatadas en centros nocturnos y bares en la capital y ciudades del interior del país, además de los casos reportados desde el exterior que recibieron asistencia a través de la cancillería dominicana.11
En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, fueron identificadas seiscientos ochenta y seis (686) personas objeto del tráfico ilícito de migrantes, siendo la mayoría de nacionalidad dominicana (575 adultos y un menor de edad), seguido por haitianos/ as (57), cubanos/as (22), indios (15), brasileños (8), jamaiquinos (7) y un ecuatoriano.12
Una novedad en la persecución del tráfico ilícito es la atención al polizonaje13, conduciendo a la investigación de unos 23 casos para un total de 52 personas imputadas en el 2016. Los polizones detectados fueron todos hombres, algunos de ellos previamente deportados de EE. UU.14, que intentaron esconderse en las naves que preparaban su salida en los puertos de Haina, Barahona, Santo Domingo y San Pedro de Macorís.
Según el Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria (CESEP), el CESEP, junto con “la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), la Asociación de Navieros de la República Dominicana, el Ministerio Público y demás autoridades que convergen en los puertos del país, vienen realizando diferentes esfuerzos para fortalecer la prevención de este flagelo que afecta el desarrollo del comercio marítimo en nuestro país”.15 En contraste con los otros casos de tráfico ilícito, en los que se somete a la justicia al traficante, pero no necesariamente a la persona migrante, los polizones sí son objeto de castigo, debido a los inconvenientes que su presencia causaría a la naviera y al ranking del país en tanto socio comercial. Según explica el Procurador Especializado en la materia, si se detecta un polizón en el mar o en el puerto de destino, se le coloca una multa muy alta a la naviera, se pierde mucho tiempo y se daña la mercancía, afectando la confiabilidad y la competitividad.16
Protección
El 2016 vio varios avances importantes en el eje de protección de las mujeres que han sido objeto de trata de personas. A partir del mes de mayo fue inaugurado un hogar especializado para asistencia a personas víctimas de trata, denominado Hogar Malala. Se trata de una asignación de una propiedad incautada por el Ministerio Público que cuenta con 2 oficinas, 9 habitaciones colectivas, 6 baños, 2 cocinas, áreas verdes y recreativas, la cual fue remodelada y adecuada físicamente para proveer asistencia en casos especiales. Desde su apertura fueron acogidas por corta estadía sesenta (60) mujeres víctimas.17 En el 2017, estaba por firmarse un acuerdo entre el Ministerio Público y la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas (CONDOR) para garantizar la sostenibilidad de la administración del albergue.18
Respecto a la asistencia, la PETT siguió ofreciendo asistencia legal a través de su Unidad de Asistencia a Víctimas, logrando así interponer cinco (5) querellas nuevas y constitución en actor civil en Samaná, Barahona, Montecristi, Santiago y el Distrito Nacional. Asimismo, se dio seguimiento a 5 querellas interpuestas en 2015 aún abiertas para 2016.19 Para la asistencia a niñas y adolescentes, la PETT colaboró con Misión Internacional de Justicia (MIJ) a través de su programa “After Care” para conectar a las víctimas con servicios de apoyo psicológico, trabajo social y asistencia legal gratuita. El Ministerio de la Mujer, por su parte, colaboró con la ONG Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), para ofertar lo mismo.
Las extranjeras asistidas por el gobierno fueron de nacionalidades colombiana y venezolana. Por segunda vez el gobierno facilitó a víctimas extranjeras la regularización de su status migratorio, como medida de protección. En el 2016, le fue renovada la visa de una víctima de nacionalidad china cuyo caso se identificó en 2013.20 Y en segundo orden, se aprobó la solicitud visa de residencia a favor de una víctima de nacionalidad venezolana involucrada en el caso de Casa Blanca. Al respecto, el MIREX señala:
En el caso de las extranjeras que decidan aplicar a la protección del Estado y no retornar a su país de origen el estado le ofrece regularización del status migratorio tal como lo dispone la ley 137-03… El gobierno durante el año 2016 asistió a 60 víctimas de trata extranjeras, de las cuales sólo una de estas de nacionalidad venezolana, decidió aplicar a regularizar su status migratorio, para lo cual el Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y atendiendo a una medida similar de protección aplicada en 2013, le aprobó la solicitud de visa de residencia, quedando pendiente que la misma complete algunos documentos necesarios para proceder.21
No está claro si se está ofreciendo la misma facilidad de regularización a las víctimas de nacionalidad haitiana. De acuerdo al informe del Departamento de Estado de EE. UU., “Víctimas haitianas indocumentadas enfrentaban la deportación y otros castigos vinculados a su status migratorio, incrementando así su vulnerabilidad a la trata”22 (traducción nuestra del inglés). El gobierno registró un caso de asistencia a dos mujeres víctimas de nacionalidad haitiana en San Juan de la Maguana en el 2016, en que CONANI las conectó con hospedaje en el Hogar Malala, educadores de CONANI facilitaron la traducción al creole y MIJ brindó apoyo psicológico y compra de alimentos.23
Prevención
Después de más de cinco años sin que hubiera campaña alguna contra la trata de personas, fue diseñada y publicada la campaña de prevención “NO HAY EXCUSAS”, destinada a la prevención y concienciación en torno a la explotación sexual de NNA, con el apoyo técnico y financiero de UNICEF. La campaña fue lanzada en septiembre de 2016 desde la sede de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de desnaturalizar la explotación sexual y animar a que se denuncie este delito:
El mensaje es un llamado directo a todos los adultos a denunciar este delito y proteger a los niños, poniendo a disposición el número telefónico: 809- 200-7393. Utilizando los rostros de reconocidos artistas y comunicadores dominicanos, la campaña transmite dos mensajes claves:
- uno que informa a la sociedad sobre este problema, y busca desnaturalizar el fenómeno, mostrar la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y colocar la responsabilidad en los adultos.
- otro mensaje está dirigido a generar conciencia en los potenciales “clientes” de su rol de explotadores al pagar por mantener relaciones sexuales con niños, niñas y adolescentes.24
Campaña no hay excusas
La campaña aparentemente tuvo un impacto, pues el número de llamadas a la línea de recepción de denuncias, que había recibido unas 176 llamadas antes, recibió 324 después del inicio la campaña, 61 de las cuales condujeron a nuevas investigaciones.25
El gobierno también busca reducir la demanda de sexo comercial forzado mediante la imputación de turistas -en el 2016, un estadounidense y un canadiense- por motivo de explotación sexual infantil, así como mejoras en el monitoreo de zonas turísticas. El gobierno reporta tener planes de reducir el turismo sexual infantil e implementar un sistema de identificación de turistas extranjeros que cuentan con antecedentes penales como agresores sexuales en su país de origen.26Tal sistema podría haber prevenido que el ciudadano estadounidense, Denny Allen Ray27, alias “El Gringo”, llegara a captar jóvenes menores de edad en Puerto Plata con la intención de sostener relaciones sexuales y realizar videos pornográficos.28
Políticas públicas
Durante el 2016 se realizaron las primeras consultas en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas el Tráfico Ilícito de Migrante (CITIM) para el diseño de un nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, partiendo del Plan cuyo periodo de implementación culminó en 2014. El Plan actual fue diseñado para aplicar en el periodo entre 2009 y 2014; pasado el año de cierre no se había evaluado el actual ni tampoco se había diseñado un nuevo plan. A mediados de 2017, la PETT estaba colaborando con el MIREX para elaborar el borrador del próximo plan, mismo que tendrá una duración más corta para facilitar la acción y evaluación.
Otro avance del 2016 fue la propuesta de modificación del Código Penal, para mejorar la tipificación de varios delitos relacionados con la trata de personas, especialmente en su variante de explotación sexual comercial. La trata de personas abarca muchas conductas, las cuales, de ser aprobada la propuesta de modificación, serían mejor definidas y conllevarían penas mayores.
El Instituto Nacional de Migración (INM-RD) trabajó en el diseño de un proyecto de investigación sobre la trata de mujeres dominicanas hacia el extranjero, pero su implementación depende de la movilización de fondos. La iniciativa pretende realizar un aporte sustancial para la formulación de políticas públicas integrales para su combate. Asimismo, se espera que la investigación colabore con el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, específicamente con su objetivo 5.2 (“Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”) y su línea de acción 2.3.7.4 (“Fortalecer mecanismos eficaces de prevención y sanción contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, estableciendo sistemas integrales de atención a las víctimas, especialmente para los niños, niñas y adolescentes”).
Retos y perspectivas
Son varios los retos para el combate de los fenómenos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. La falta de coordinación interinstitucional dificulta la implementación a cabalidad de los protocolos de atención existentes, así como la elaboración de un nuevo plan nacional de acción. El gobierno, a través de la CITIM, incluyó en sus proyectos a ejecutar durante el 2016 el diseño del Plan, pero al cierre del año no fue logrado, quedando pendiente para el 2017.29 La falta de presupuesto asignado a los procesos de asistencia, retorno voluntario de víctimas en el exterior, reinserción de víctimas, etc. sigue dificultando la respuesta institucional también.
Una evaluación de casos de trata del periodo 2010 - 2014 realizada por la Procuraduría identificó varias brechas en la persecución que siguen pendientes: la investigación inadecuada no produce la evidencia requerida para proceder al juicio; se hacía muy poco para conseguir la cooperación de víctimas y sus familias; y los casos fueron procesados bajo otros delitos, y no los apropiados en el Código Penal.30 Tampoco se ha investigado ningún caso de trabajo forzoso. Recién se concluyó un estudio línea de base sobre el manejo de casos de trata con fines de explotación sexual de NNA por parte del sistema judicial; se espera que los resultados contribuyan a mejoras sustanciales en la investigación y persecución de casos de este tipo.
A pesar de los avances en el eje de protección, los servicios brindados siguen sufriendo de falta de recursos y falta de coordinación. Comúnmente se devuelven las niñas víctimas a sus familias sin seguimiento u orientación sobre los riesgos de ser revictimizada.31 Aunque se inauguró el albergue especializado, es necesario garantizar la sostenibilidad a futuro mediante un acuerdo de responsabilidad y gastos compartidos.
Los métodos de captación de víctimas han cambiado grandemente en los últimos cinco años, debido a la explosión en el uso de las redes sociales. Campañas futuras de prevención han de focalizar la juventud y las redes sociales utilizadas por los tratantes para el reclutamiento.
Para 2017 estaba en carpeta la creación de una base de datos nacional de casos de trata, que incluiría la cantidad exacta, los lugares, el perfil de la víctima y del tratante, los bienes incautados, etc. También estaba en proceso la elaboración de unos lineamientos para la investigación de casos de trata y tráfico dirigidos a fiscales, policías y otros investigadores.
Referencias
1 Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) y Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). (2016). Informe del Gobierno de la República Dominicana sobre Acciones en Materia de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes durante el Año 2016. Disponible en https://issuu.com/comunicaciondigitalmirexrd/docs/informe_sobre_trata_final
2 Entrevista al Magistrado Jonathan Baró, Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Ministerio Público, 16 de mayo del 2017, Santo Domingo.
3 El número de esta línea es 1-809-200-7393.
4 Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2017:154). Trafficking in Persons Report 2017. Disponible en https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
5 CITIM y MIREX. (2016).
6 El Estado cuenta con esta tecnología en los centros del Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, Samaná y Puerto Plata.
7 CITIM y MIREX. (2016).
8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 De acuerdo a la Ley 423-07, el polizón es una “persona oculta en una nave o embarcación, o en la carga, que posteriormente se embarca en una nave o embarcación, sin el consentimiento del propietario de la misma, del capitán o de cualquier otra persona responsable, a la que se detecta a bordo una vez que la nave o embarcación haya salido del puerto, o en la carga durante su desembarque en el puerto de llegada, y que el capitán o la persona responsable describe como polizón en su notificación a las autoridades pertinentes”.
14 Entrevista al Magistrado Jonathan Baró, Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Ministerio Público, 16 de mayo del 2017, Santo Domingo.
15 Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria (CESEP). 2017. “Dictan medida de coerción a polizón detenido en el puerto de Barahona el pasado 05 de julio 2017”. 8 de julio, http://cesep.mil.do/Noticias/Detalle-de-la-Noticia/ArticleId/127/Dictan-medida-de-coercion-a-polizon-detenido-en-el-puerto-deBarahona-el-pasado-05-de-julio-2017#.Wb26HMiGPb1
16 CITIM y MIREX. (2016).
17 Ibíd.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
20 Para más información sobre el caso, consultar el capítulo 4 del anuario de OBMICA correspondiente al 2014. Riveros, N. et al. (2015). Estado del Arte de las Migraciones que Atañen a la República Dominicana 2014. OBMICA. Santo Domingo: Editora Búho.
21 CITIM y MIREX. (2016).
22 Departamento de Estado de Estados Unidos (2017: 155). Trafficking in Persons Report 2017. Disponible en https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf
23 CITIM y MIREX. (2016).
24 Dominicana Solidaria. (2016). “UNICEF y PGR lanzan campaña: ‘NO HAY EXCUSAS para explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente”. 28 de septiembre. https://www.dominicanasolidaria.org/unicef-y-pgr-lanzan-campana-no-hayexcusas-para-explotar-sexualmente-a-un-nino-nina-o-adolescente/
25 Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2017).
26 Ibíd.
27 Una búsqueda somera revela que el imputado es un agresor sexual registrado en el “Sex Offenders Archive” de Estados Unidos bajo el nombre Dennis Allen Ray. http://www.sexoffendersarchive.com/offender/view/308917
28 Listín Diario. (2016). “Envían a prisión a un estadounidense por explotación sexual de menores y pornografía”, 14 de diciembre. https://www.listindiario.com/larepublica/2016/12/14/446794/envian-a-prision-a-un-estadounidense-porexplotacion-sexual-de-menores-y-pornografi
29 CITIM y MIREX. (2016).
30 Departamento de Estado de los Estados Unidos. (2017).
31 Ibíd.